Veintidós granjas de la Región de Murcia deben quitar 30.000 cerdos de cebo por el impacto ambiental

La anulación de los permisos que la Comunidad Autónoma concedió hace años a decenas de explotaciones porcinas de la Región de Murcia para reorientar su modelo de negocio hacia cebaderos, debido a que no les exigió las correspondientes autorizaciones ambientales, tiene ya consecuencias. Veintidós de las 70 granjas cuyos expedientes administrativos han sido sometidos a revisión este año por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, previo dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, han recibido ya la orden de reducir su aforo de animales en un total de 30.000 animales.

Así lo aseguraron fuentes del Gobierno regional, a preguntas de LA VERDAD. Y añadieron que otras 37 instalaciones, hasta sumar 59, tendrán que seguir el mismo camino, para disminuir el número de plazas y ajustarse a la normativa. La pérdida de cerdos está por fijar, ya que cada explotación tiene una situación diferente.

En junio, este diario desveló que la ausencia de autorización ambiental integrada y de evaluación de impacto ambiental afectaba a setenta granjas con 80.000 cerdos de cebo. Y explicó que, entre otras cosas, no se analizó ni los planes de gestión de los purines, para evitar la contaminación por nitratos. Se dio el visto bueno, de forma irregular, a la transformación de explotaciones que tenían un censo de varios cientos de plazas de cerdas reproductoras a uno con varios miles de plazas cerdos de cebo.

Fue en junio de 2020 cuando, a raíz de la denuncia de un perjudicado, los servicios jurídicos de la Consejería advirtieron de la aparente vulneración de Ley del Procedimiento Administrativo Común en uno de los expedientes. Avisaron de que no se tuvo en cuenta que «tanto la instalación de nuevas explotaciones porcinas como sus ampliaciones o cambios de orientación productiva que supongan un determinado aumento de plaza se encuentran sujetos al régimen de autorizaciones ambientales vigentes». Durante años, la Dirección General de Ganadería y Pesca había resuelto «inscribir el cambio de orientación productiva de varias explotaciones en el Registro Regional de Explotaciones Porcinas», tras comprobar simplemente que se había superado la inspección veterinaria. Bastó el «informe favorable del servicio competente en materia de producción animal».

La Consejería preguntó al Consejo Jurídico si debía declarar la nulidad de las autorizaciones y este órgano consultivo contestó que sí. En junio de este año, el Consejo ya había emitido 23 dictámenes en ese sentido. Cuatro meses después, Ganadería, cuya actual consejera es Sara Rubira, sigue tratando de poner orden. «A 22 granjas ya se les ha comunicado la orden, con la consecuencia inmediata de que vuelven a tener la clasificación zootécnica previa al cambio de orientación productiva. Pasan de cebadero a producción de tipo ciclo cerrado o mixto», explicaron en la Consejería. Las explotaciones están en ochos municipios: Fuente Álamo (9), Lorca (4), Puerto Lumbreras (3), Cartagena (2), Alhama de Murcia (1), Mazarrón (1), Totana (1) y Murcia (1)).

«Hay expedientes que tienen su Autorización Ambiental Integrada (AAI), que no perderán plazas; otros tienen la Declaración de Impacto Ambiental y quedarán en 2.500; y otros que no han presentado la Autorización y como máximo lograrán 2.000 plazas», detallan en la Comunidad. Pero añaden: «Habrá granjas que en un principio se reducirán a 2.000 plazas, pero que podrán reanudar el procedimiento administrativo y, con el tiempo, lograr las plazas iniciales». De hecho, tres explotaciones «ya han recuperado su clasificación zootécnica de producción como cebadero y cuatro tienen expedientes en tramitación».

A partir de ahora, «si la explotación dispone de Autorización Ambiental Integrada (AAI) y de Declaración de Impacto Ambiental (DIA), podrá solicitar el cambio de orientación productiva, y en su caso, la ampliación, hasta un máximo de 6.000 plazas». En el caso de que tenga DIA y licencia municipal de actividad como instalación de cebo de porcino, podrá solicitar el cambio de orientación productiva hasta 2.500 plazas; si tiene solo licencia municipal para cebo, podrá hasta las 2.000 plazas; y si no tiene licencia municipal para cebadero, podrá optar a obtener el permiso para mil plazas de cebo.

Fuentes del sector aseguraron que tras recibir la orden de anulación de su cebadero, y ante las deudas acumuladas (muchos ganaderos hicieron fuertes inversiones), el titular de una granja de Fuente Álamo echó el cierre. Otros temen tener que echar la persiana y han recurrido las resoluciones de la Comunidad en las vías administrativa y judicial. Con todo, en la Consejería lanzaron un mensaje de confianza y tranquilidad y destacaron que varias granjas han recuperado ya 17.998 de las 87.000 plazas perdidas.

Sobre la aplicación de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha abierto 72 expedientes sancionadores a granjas porcinas. Según fuentes de este departamento, las anomalías detectadas tienen que ver con «infracciones graves por incumplimiento de las medidas agrarias exigibles en la Zona 1 y 2». Los motivos de apertura de los expedientes son «no comunicar los movimientos de deyecciones al registro electrónico de movimientos de deyecciones ganaderas»; y no presentar «las comunicaciones o declaraciones responsables a que se refiere la disposición transitoria, así como la falta de ejecución en el plazo establecido de las actuaciones de impermeabilización artificial» de las balsas de purines. La Comunidad sigue sin precisar el importe total de las sanciones propuestas. Hasta el 25 de septiembre, hizo 238 inspecciones.