Castilla la Mancha prohibirá a macro granjas, verter purines y obligará a reciclarlos
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves una moratoria para la instalación de granjas de ganado porcino en la región hasta el 31 de diciembre de 2024. Además, no se van a autorizar las ampliaciones existentes. No obstante, sí se van a estudiar si se autorizan las explotaciones de porcino con sistemas tecnológicos apropiados para el tratamiento, valorización y separación de purines.
Esta regulación en la edificación de macrogranjas, que se ha aprobado por 19 votos a favor y 14 en contra, se establece para los proyectos de explotaciones de porcino que precisen Autorización Ambiental Integrada, o lo que es lo mismo, para aquellas que superen las 2.000 cabezas, y no se tramitarán proyectos nuevos ni modificaciones de otros ya existentes que supongan superar esa cifra.
En el texto de la moratoria se especifica que el sector del porcino castellanomanchego ha sufrido una “gran transformación” en los últimos 15 años, ya que desde el año 2006 hasta la actualidad el censo de animales se ha incrementado en un 47% y de las 1.286 explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos de Castilla-La Mancha, 227 corresponden con explotaciones con autorización ambiental integrada, de las cuales 90 se han tramitado desde 2016.
Por ello, con la finalidad de ordenar adecuadamente este sector y realizar aquellos estudios que sean necesarios a tal fin, se ha establecido una moratoria sobre las explotaciones ganaderas de porcino durante los próximos tres años.
Por otro lado, con el fin de “estimular la necesaria transformación” del sector, los trabajos de I+D+i y la consecución de productos de valor añadido, se estudiará la aprobación, por la autoridad competente, de la construcción de nuevas explotaciones ganaderas de porcino o modificación de las existentes que incorporen sistemas tecnológicos apropiados para el tratamiento, valorización de purines.
En el debate parlamentario, la portavoz del grupo socialista. Ana Isabel Abengózar, ha acusado al PP y Cs de “sumarse al carro” por la polémica a raíz de las palabras del titular de Consumo, pero les ha reprochado que en la comisión en la que se debatió el texto se abstuvieron y no propusieron alternativa.
El propósito de esta moratoria, ha dicho, es “no atacar a nadie sobre todo”, así como velar y ayudar al futuro del sector primario del campo y de los pueblos” haciendo una ordenación del sector” ante, ha admitido, el crecimiento exponencial de autorizaciones para estas instalaciones.
Inseguridad jurídica
Por su parte, el diputado regional del PP Miguel Ángel Rodríguez ha señalado sobre la moratoria de las macrogranjas que se ha hecho “de espaldas al sector, genera inseguridad jurídica y condena a una actividad económica que genera empleo y cumple rigurosamente con la una normativa medioambiental muy exigente y de sanidad y bienestar social”. Además, la propuesta de resolución del PP sobre las declaraciones de Garzón, que ha sido rechazada, recogía que las Cortes reprueben las declaraciones del ministro.
